Hace apenas unos días el gobernador del Estado, Rubén Moreira Valdez, acudió al Palacio Legislativo de Coss para entregar un paquete de iniciativas de reforma que incluye, entre otras cosas, propuestas orientadas a garantizar de mejor forma el derecho de los ciudadanos a la información pública.

En ocasión de tal presentación, el Mandatario estatal reiteró el compromiso que ha formulado en diversas ocasiones de que su administración será una signada por el orden y la rendición de cuentas, e invitó a los legisladores a discutir ampliamente la reforma planteada.

El señalamiento fue reiterado apenas el martes pasado durante la firma del Pacto Coahuila, iniciativa para emprender el más amplio estudio de la legislación estatal vigente, uno de cuyos ejes temáticos es justamente el acceso a la información y la transparencia.

El discurso es, a no dudarlo, impecable: las manifestaciones públicas sin duda apuntan hacia un horizonte deseable y están orientadas a generar en los ciudadanos la expectativa de que efectivamente es posible dejar atrás la etapa de opacidad gubernamental.

Los hechos, sin embargo, apuntan exactamente en la dirección opuesta y los miembros del aparato burocrático estatal no hacen sino proveernos, un día sí y al otro también, de evidencias en el sentido de que no tiene la menor intención de combatir las conductas viciosas del sector público.

Un buen ejemplo de ello es la información que publicamos en esta edición, relativa a la negativa del Congreso del Estado de entregar a un ciudadano el desglose de su presupuesto de egresos, así como información detallada de sus gastos en publicidad, alegando que se trata de información “confidencial”.

En nada debe extrañarnos, por supuesto, que el Poder Legislativo actúe con tal opacidad. Y es que el relevo en los nombres de quienes ocupan las curules y de quien encabeza dicho poder —en este caso Eliseo Mendoza Berrueto— es sólo eso: un asunto de carácter cosmético.

El problema es que la opacidad del Congreso tiene un simbolismo aparte y por ello sólo sirve para documentar el pesimismo, pues se trata del mismo poder que tiene a su cargo la realización de las reformas que teóricamente garantizarán de mejor forma que los ciudadanos accedamos al pleno goce de nuestros derechos.

¿Cómo creer que la iniciativa recién presentada por Rubén Moreira —o cualquier otra— servirá para transparentar la actividad del sector público si actos como éste evidencian claramente la vocación de opacidad de nuestros funcionarios?

¿Cómo confiar en que el ejercicio para renovar la legislación estatal es un llamado honesto a conformar un nuevo marco jurídico orientado a colmar las aspiraciones ciudadanas, si lo que se nos muestra cotidianamente es que tal convicción es inexistente más allá del discurso?

Con actitudes como la del Congreso, lo único que puede pensarse es que en realidad sólo se trata de palabrería huera de la cual no debemos esperar absolutamente nada.