La Secretaría de Finanzas de Coahuila “aclaró” ayer la razón por la cual, en un documento publicado por la propia dependencia en su portal de Internet, se afirmaba que habían pagado honorarios por 848 millones de pesos al notario público responsable de protocolizar uno de los contratos de reestructura crediticia que el Gobierno del Estado firmó con el banco Interacciones.

Como lo adelantamos ayer en este mismo espacio, la dependencia encabezada por Jesús Ochoa Galindo negó que se hubiera pagado dicha cantidad por honorarios y que el monto real pagado al fedatario público fue “únicamente” de 1.35 millones de pesos.

En otras palabras, se reconoció que hubo un “descuido” en la publicación de los documentos que para transparentar la reestructuración de la megadeuda estatal la entidad responsable de las finanzas estatales colocó en su portal electrónico.

Pero la aclaración realizada por el propio Secretario de Finanzas y el subsecretario de Egresos, Armando Rubio Pérez, también sirvió para conocer un nuevo motivo de agravio por la deuda que hoy pesa sobre las espaldas de los coahuilenses: los 848 millones de pesos que aparecían en la versión original de los documentos sí fueron gastados como parte de la reestructuración.

¿En qué se gastaron? El Subsecretario Rubio lo dijo con una claridad digna de ser reproducida textualmente: “Son los costos que se incurrieron en el rompimiento de los contratos anteriores de Interacciones (…) que para efectos de la reestructuración tuvieron que romperse… Fueron costos de reestructuración: de otra forma no hubiéramos podido terminar todo el proceso de reestructura”.

En otras palabras, el banco Interacciones “multó” a los coahuilenses con casi 850 millones de pesos por el “pecado” de haber contado con funcionarios deshonestos que les presentaron documentos falsos para obtener multimillonarios créditos.

Se entiende pues, que de haberse hecho las cosas bien desde el principio, es decir, si no hubieran tenido que “romperse” los contratos originalmente firmados, los coahuilenses nos habríamos “ahorrado” 848 millones de pesos en “costos de reestructuración”.

O, si se quiere ver desde la perspectiva de Eliseo Mendoza Berrueto, líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso del Estado, “legalizar” la deuda que nos heredó la administración estatal anterior nos costó el equivalente a dos veces el presupuesto que en obra pública pretende gastar la administración de Saltillo durante este año.

La pregunta es obligada: ¿y no les parece a nuestros funcionarios que ese monto constituye un daño patrimonial que debiera constituirse en motivo para enderezar nuevos procesos en contra de quienes tuvieron a su cargo las finanzas estatales el sexenio anterior?